COMPARECE ALFONSO DURAZO, SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA ANTE EL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA PRESENTAR LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Aprobada la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal; hará énfasis en combate a extorsión, robo, secuestro, homicidio, entre otros.     

Padecemos  Violencia y una inseguridad crónica e histórica en el país,  consecuencia de un modelo económico sectario y excluyente: Durazo

El Pleno del Senado aprobó con 78 votos en favor, cuatro en contra y 30 abstenciones, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública enviada por el Presidente de la República, cuyo objetivo es devolver a la sociedad la paz y la tranquilidad, ante los altos índices de inseguridad y el fortalecimiento de los grupos del crimen organizado.

Momentos antes, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, compareció ante las y los legisladores para explicar las líneas de acción y objetivos de este plan.

La presidenta en turno de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, explicó que el pasado 15 de abril se recibió de la Secretaría de Gobernación un adendum y un nuevo texto que incluye nuevos elementos para la citada Estrategia. Al siguiente día, informó, el documento fue turnado a la Comisión de Seguridad Pública y publicado en la gaceta y portal del Senado.

Asimismo, mencionó que la Junta de Coordinación Política remitió un acuerdo para la incorporación al dictamen del adendum y las modificaciones, el cual fue aprobado por la asamblea. 

El texto asegura que la Estrategia funcionará en un marco de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, para atacar el origen estructural de la delincuencia, el crimen organizado, la violencia y, en general, todos los aspectos que puedan poner en riesgo la seguridad pública.

Estará alineada a las diversas disposiciones que se vinculan con la seguridad pública, seguridad nacional, derechos humanos, protección civil, responsabilidad hacendaria, sistema de justicia penal e instrumentos internacionales.

Refiere que en la persistencia e incremento de la pobreza, la marginación y la falta de servicios educativos y de salud, se encuentra la base del auge delictivo que enfrenta el país. La prevalencia de la corrupción es la razón primaria de su descontrol, crecimiento y de la imposibilidad de contrarrestarlo e incluso de contenerlo.

Por ello, más allá de ampliar el catálogo de las prohibiciones vigentes, incrementar las sanciones y construir nuevas cárceles, se busca ensanchar la soberanía de los individuos y de las colectividades, edificar escuelas y hospitales y diseñar sistemas eficaces de reinserción para los infractores.

Se plantea que la violencia política y social sólo se resolverá con diálogo, racionalidad, transparencia y decisiones públicas que respondan a las demandas sociales.

El instrumento tiene los objetivos de erradicación de la corrupción y reactivar la procuración de justicia; garantizar empleo, educación, salud y bienestar; pleno respeto y promoción de los derechos humanos; regeneración ética de la sociedad; reformular el combate a las drogas; emprender la construcción de la paz; recuperación y dignificación de los centros penitenciarios.

También establece estrategias específicas dirigidas a un nuevo modelo policial; la prevención del delito; focalización en regiones y participación ciudadana; nuevos criterios de distribución de los recursos federales en materia de seguridad; estrategia de combate al mercado ilícito de hidrocarburos.

Asimismo, plantea una estrategia de combate al uso de operaciones con recursos de procedencia Ilícita, defraudación fiscal y finanzas de la delincuencia organizada, así como el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el abatimiento de estos delitos.

Con ellas, se buscará agilizar los procedimientos de extinción de dominio y utilización social de los bienes confiscados a la delincuencia; combatir el robo a autotransporte y pasajeros en carreteras; y abatir el tráfico de armas.

Al presentar el dictamen, la senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, de Morena, destacó que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública es perfectible, por lo que habrá de tener ajustes derivados de la operación y evaluación de sus resultados.

La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública subrayó que es un tema prioritario para el desarrollo del país, sobre todo para acceder a una mejor calidad de vida en paz y con tranquilidad. “En este Senado tenemos la obligación de participar para que la Estrategia se fortalezca de manera permanente”, aseguró.

La senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, de Morena, dijo que dada la emergencia que vive el país es imprescindible asumir el reto de la inseguridad como una responsabilidad del Estado mexicano, que involucra a todos los poderes y niveles de gobierno. La Estrategia adopta modelos de justicia transicional que garantizan los derechos de las víctimas, señaló.

El senador del PAN, Julen Rementería del Puerto, refirió que la Estrategia no señala en ninguna parte cómo se va a construir la paz que reclama México. El grave de problema de seguridad que tiene el país no se resolverá con actos de fe o con buenas intenciones, sino con una estrategia, “y ésta, hasta hoy, no se ha presentado”. Dijo que el voto de su Grupo Parlamentario sería en abstención.

Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, dijo que su bancada no puede dar su voto aprobatorio a la Estrategia porque no cumple con los objetivos que debe perseguir. Carece de información consistente, de sustento técnico y no ofrece soluciones precisas ni medibles. “Es un documento fundamentalmente declarativo”, añadió.

En su oportunidad, el senador Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, ratificó la confianza de su partido con el plan de seguridad del gobierno y confió en que los legisladores trabajarán en el análisis de las leyes secundarias de la Guardia Nacional con el mismo compromiso con el que lo hicieron para crearla, a fin de que estas surjan con el mayor consenso posible.

Al fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PT, la senadora María del Carmen León Gastélum, manifestó el respaldo de su bancada a la Estrategia por considerar que esta es justa, clara y ambiciosa, porque busca atacar desde la raíz los problemas que generaron el clima de violencia que aqueja a nuestro país. 

Por su parte, Verónica Camino Fajart, senadora del PVEM, señaló que la prevención social del delito, como eje de la política nacional de seguridad pública, es bastante acertada ya que esta labor no debe ser exclusiva de los cuerpos de seguridad. La ciudadanía también debe participar.

Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, dijo que su bancada votará en favor porque ante la situación de violencia que atraviesa el país, no se puede ser indolente ni polarizar un tema tan importante.

Ciudad de México, a 25 de abril de 2019

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