SENADORES DE LA REPÚBLICA APROBARON REFORMA QUE OTORGA DERECHOS LABORALES A TRABAJADORAS DEL HOGAR

Se beneficia a más de 2 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado

El proyecto de decreto, avalado con 112 votos, establece mejores condiciones laborales para las y los trabajadores del hogar. Además, reivindica y dignifica esta actividad, de la cual dependen millones de familias mexicanas.

Busca que este grupo, a menudo excluido de la legislación laboral nacional, goce de los derechos laborales básicos como tiempo de trabajo, descanso semanal, vacaciones pagadas, salario mínimo y cobertura de seguridad social, incluyendo la protección de maternidad.

Define a la persona trabajadora del hogar como aquella que de manera remunerada realice actividades de cuidados, aseo, asistencia o cualquier otra, inherente al hogar en el marco de una relación laboral, “que no importe para el empleador beneficio económico directo”, conforme a las horas diarias o jornadas semanales establecidas en la ley.

Prohíbe la contratación de menores de 15 años. Asimismo, precisa que, tratándose de adolescentes mayores a esa edad, el patrón deberá fijar jornadas que no excedan seis horas diarias y 36 horas semanales.

También, evita la contratación de personas adolescentes mayores de 15 años que no hayan concluido, cuando menos la educación secundaria.

Se destaca en el documento que en ningún caso se podrá contratar a adolescentes que presten sus servicios para una sola persona empleadora y residan en el domicilio donde realicen sus actividades.

La reforma señala que el trabajo del hogar deberá fijarse mediante contrato por escrito -de conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos- que incluya como mínimo el nombre y apellidos del empleador y de la persona trabajadora del hogar; dirección del lugar de trabajo habitual; fecha de inicio del contrato y el período específico de duración.

Del mismo modo, deberá indicar el tipo de labor por realizar; remuneración, su método de cálculo y periodicidad de los pagos; horas de trabajo; vacaciones anuales pagadas y períodos de descanso diario y semanal; suministro de alimentos y alojamiento, cuando proceda; condiciones relativas a la terminación de la relación de trabajo, entre otros aspectos.

El empleador estará obligado a registrar ante la autoridad laboral competente, el contrato que se celebre. El documento se establecerá sin distinción de condiciones, al tratarse de migrantes que se dediquen a este tipo de labor.

Queda prohibido solicitar constancia o prueba de no embarazo para la contratación. Se deja en claro que no podrá despedirse a una trabajadora del hogar embarazada, pues de ser el caso, el despido se presumirá como discriminación.

Las personas trabajadoras del hogar contarán con vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso, acceso obligatorio a la seguridad social, aguinaldo, y cualquier otra prestación que se pudieren pactar entre las partes.

En tanto, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los sueldos que deberán pagarse a este tipo de trabajadores que, en ningún caso, podrá ser menor a dos salarios mínimos vigentes.

El dictamen también prohíbe la discriminación en todas las etapas de la relación de trabajo y en el establecimiento de las condiciones laborales, así como cualquier trato que vulnere la dignidad de las personas trabajadoras del hogar.

Menciona que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México se estima que hay más de 2.2 millones de personas dedicadas al trabajo doméstico remunerado, de la cuales 90 por ciento son mujeres.

Asimismo, señala que una de cada tres trabajadoras no concluyó la primaria; tres de cada diez no finalizaron la secundaria y una de cada tres son de origen indígena.

El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, felicitó a todas las personas trabajadoras del hogar y a las y los senadores “por esta histórica decisión”. Se trata, dijo, de modificaciones en materia de igualdad que forman parte de la reforma laboral, por lo que se enviará de forma inmediata a la Cámara de Diputados para que pueda ser aprobada antes de que termine el periodo ordinario de sesiones.

Ciudad de México, a 23 de abril de 2019

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