APROBÓ SENADO LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El Presidente de la Comisión de Educación, Rubén Rocha Moya, al dar lectura a los tres dictámenes de las leyes reglamentarias, destacó que se logró la universalidad en materia educativa, recogiendo la obligatoriedad en educación inicial y superior; y se incorporó el modelo de la Nueva Escuela Mexicana, cuya base es la universalidad, el carácter inclusivo y público, gratuidad, laicitud, obligatoriedad e interculturalidad.

Se tendrá un plan de estudios con perfil humanista, científico y tecnológico, agregó. Aseguró que con la Ley del Sistema para la Carrera de Maestros y Maestras, nace el sistema abierto y transparente de plazas. El gobierno debe publicar cuántas plazas hay y en dónde, y se establece el procedimiento para el ingreso.  No habrá plazas automáticas, adelantó.

Con la tercera ley sobre de Mejora Continua de la Educación,  se  determinan los criterios para la evaluación diagnóstica, más no punitiva, impuesta en el sexenio pasado para correr a los maestros de su trabajo, señaló.

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, recalcó que con la aprobación de estas minutas se contribuye a la naturalización del anhelo constitucional de que México transite a una verdadera política de Estado, donde la educación será sinónimo de excelencia y se garantizará el respeto a los derechos de los educandos y educadores por igual.

Destacó que se impone al Estado la obligación de garantizar el derecho a la educación universal mediante la recuperación de su rectoría en la materia. Además, se reconoce la transformación social de los y las maestras como agentes fundamentales del proceso educativo; los revaloriza como profesionales de la educación con pleno respeto a sus derechos.

Afirmó que es falso que la Ley otorgue concesiones a sindicatos para la asignación de plazas docentes. Al contrario –dijo-, ratifica la rectoría del Estado sobre educación.

Objetivos de las tres leyes

En los dictámenes, sometidos al Pleno, se establece que con la creación de la Ley General de Educación que, de paso abrogó la Ley General de Infraestructura Física Educativa, el Estado buscará la equidad, excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Entre sus objetivos estará el desarrollo humano integral del educando, reorientar el Sistema Educativo Nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. También se programará, de manera estrategica, la formación docente y directiva, la infraestructura, los métodos y materiales educativos, para que se armonicen con las necesidades de la prestación del servicio público de educación y contribuya a su mejora continua.

En tanto, el Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Se establece en sus artículos transitorios que, de esta manera, se abroga la Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial el 13 de julio de 1993 y, partir de la entrada en vigor de este Decreto, se iniciará el proceso para la extinción del organismo descentralizado denominado Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, el cual conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación.

Con la aprobación de la Ley Reglamentaria de la Fracción IX del Artículo 3º. Constitucional, en materia de Mejora Continua de la Educación, se crea la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, con el objetivo de regular el sistema integral de formación, actualización y capacitación, mismo que será retroalimentado por evaluaciones diagnósticas.

También contribuirá a garantizar la excelencia y la equidad de los servicios educativos que presta el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, con el fin de contribuir al desarrollo integral del educando.

Las evaluaciones diagnósticas serán formativas e integrales, y consisten en procesos mediante los cuales se formulan juicios fundamentados en evidencia, sobre las cualidades de los actores, instituciones o procesos del Sistema Educativo Nacional, con la finalidad de contar con una retroalimentación que promueva una acción de mejora en la educación.

La misma contará con un Consejo Técnico de Educación, que será un órgano colegiado multidisciplinario, cuyo propósito es asesorar a la Junta en aspectos técnicos y metodológicos, en materia de mejora continua de la educación, para el cumplimiento de sus atribuciones.

En sus artículos transitorios se establece que los recursos materiales y financieros del extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), pasan a formar parte de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Además, los proyectos, planes, procedimientos, trámites, investigaciones y asuntos en general que se encuentren en proceso, deberán concluirse conforme a lo programado, siempre y cuando no se contrapongan a la ley.

En tanto que la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros se establece como un instrumento del Estado para que el personal docente acceda a una carrera justa y equitativa. Normará los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión.

Los procesos que se deriven de la instrumentación del Sistema serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos.

Se indica que las autoridades de Educación Media Superior, las autoridades educativas de las entidades federativas y los organismos descentralizados, deberán coadyuvar con la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la vigilancia de los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento, desarrollados en el marco del Sistema.

En sus artículos transitorios se indica que, una vez que entre en vigor este ordenamiento, los gobiernos estatales deberán armonizar su legislación y demás disposiciones aplicables en la materia. Además, los procesos administrativos que se encuentren en trámite, quedarán sin efectos a la entrada en vigor del presente Decreto.

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2019

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