QUADRATURA AL CÍRCULO

Francisco J. Castro Mariscal               fcastro@iniciatika.com.mx

“No Dejar a Nadie Atrás”. Agenda 2030 Organización de las Naciones Unidas

ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA

Sería ingenuo obviar que detrás de las iniciativas presentadas por los legisladores, no hay intereses creados ni evitar el tema de los poderosos cabilderos; como en el caso de la posposición a la aprobación, hasta el mes de abril 2020, del uso legal de la marihuana, donde hubo dos profesionales económicamente bien armados y políticamente muy bien conectados, contra su dictamen en el Congreso de la Unión: Shirley Almaguer Camacho ex gerente de Comunicación Externa de British American Tobacco México, pero también hija de la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky; y Rosemary Safie Samur, quien en el 2013 pertenecía al despacho Safie Consultores y buscaba que no se aprobara la Ley Antitabaco en el Senado de aquella época, pero también es esposa del alcalde morenista en Azcapotzalco, Vidal Llerenas. Vaya! Sus poderes llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para obtener esta prórroga.

Pero aun así; con el cuerpo de asesores, consejos e institutos que integran los órganos legislativos; la llamada, para bien o mal, cuarta transformación podría dar un paso más en el bienestar económico y financiero de México si antepusiera el interés superior de la nación, ARMONIZANDO la recientemente aprobada Ley de Fomento a la Confianza, con las iniciativas al Buró de Crédito y de Segunda Oportunidad. Este combo, como en muchos otros casos pudieran ARMONIZAR la legislación existente en beneficio de México, sin afectar realmente sus convenios con grupos de interés

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, presentó una iniciativa, que surgió de la visión del presidente López Obrador, por la que se expidió la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, con la cual buscan establecer una nueva relación con cada individuo, reconociendo que uno de los principales problemas que enfrenta el país es la corrupción, es la inseguridad pública, es la impunidad pero también la confianza. Es una ley profunda es una ley transcendente es una ley  innovadora sin parangón en el país, es otorgarle la confianza a los ciudadanos; el fondo es que se le crea al ciudadano generando un entorno de confianza entre gobierno y sociedad civil. Senadores de todos los partidos políticos aprobaron la propuesta, beneficiando a pequeños y medianos empresarios, así como de los ciudadanos en general. En teoría se terminará con los inspectores que extorsionan a los ciudadanos punto donde había resistencia de parte del gobierno. Secretaria de Economía, no SHCP, vigilará a empresas; la  base será la buena fe.

Pues bien; ARMONIZANDO estas  iniciativas legislativas  lograrían un círculo virtuoso que sería un potente detonador económico que impulsaría la economía y el bienestar para la población.

Tal es el caso de incluir en esta ley los postulados de las iniciativas presentadas referentes a la flexibilización del buró de crédito y que este conserve historial crediticio por menos tiempo  para dinamizar economía fomentando la cultura de la legalidad como eje rector del desarrollo económico, propuesta por el diputado Jorge Alcibíades García Lara (MC), Estas sociedades se encargan de recopilar, manejar y entregar o enviar información sobre el historial crediticio de personas físicas y morales, para que se les apruebe o niegue un crédito; sin embargo, se han convertido en un freno para su otorgamiento.

Esto suele ocurrir cuando un usuario, por alguna circunstancia, muestra un retraso en el cumplimiento de sus obligaciones; es reportado como no sujeto de crédito, independientemente que haya solventado sus pagos o regularizado su situación, porque el buró retiene la información por un periodo de 72 meses y en algunos casos se extiende hasta familiares.

Esta situación es excesiva; además, no es adecuado que dicho plazo se aplique indistintamente a personas físicas y morales, toda vez que atenta con la posibilidad de acceder a créditos, al negársele adquirir tarjetas de crédito, préstamos  personales, hipotecarios o para obtener un automóvil o cualquier otro tipo de bienes, y con ello cayendo en una situación de mínima o de nula inversión para proyectos productivos, lo cual disminuye la generación de empleos y consumo.

Respecto a las personas morales, y particularmente las Pequeñas y Medianas Empresas, resulta un serio problema, si se toma en cuenta que en México, las pequeñas y medianas empresas son agentes productivos clave para el crecimiento y desarrollo económico. Más del 50% del Producto Interno Bruto se constituye por lo que éstas generan.

Otra iniciativa que bien podría considerarse en un ARMONIZACION es la presentada, también respecto al Buro de Crédito, por el Diputado Héctor René Cruz Aparicio, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, en la que considera que los productos de crédito tienen una importancia fundamental en el bienestar socioeconómico de un individuo, ya que le permiten mejorar el manejo de los recursos económicos que va a percibir durante su vida, suavizar su consumo ante variaciones en su ingreso, enfrentar emergencias económicas, construir un patrimonio, incrementar los activos generadores de ingresos, hacer inversiones o comenzar un negocio. El acceso al crédito formal también se encuentra asociado de forma positiva con el nivel de ingreso de los adultos.

Los sistemas de información crediticia son una parte esencial de la infraestructura financiera que permite el acceso al financiamiento y el desarrollo de todos los sector del desarrollo nacional con el fin de fomentar el poder adquisitivo tanto de los individuos como de las empresas, generando condiciones de activación y fluidez de capital financiero en el mercado.

Desde la publicación de la Ley en comento en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2002  se considera que no se ha cumplido con la esencia misma de la Iniciativa de esta legislación ya que si bien su fin es generar una serie de condiciones que permitan crear certeza jurídica para todos los usuarios de los servicios financieros, esto no se ha cumplido.

En la práctica existen muchas quejas por parte de los usuarios de los servicios financieros con respecto a la temporalidad de la obligación de las Sociedades a conservar los historiales crediticios de los usuarios ya que la base de datos, por diversas razones, no se puede actualizar con agilidad o en su caso, no se actualiza, generando incertidumbre para los usuarios en el acceso a nuevos créditos, inhibiendo, en buena medida la posibilidad del acercamiento crediticio, frenado el acceso a los préstamos, ya que las bases de datos de las Sociedades de Información Crediticia o Burós de Crédito  son conservadas teóricamente durante al menos 6  años para cualquier persona física o moral; pero realmente prevalecen registros desde el Fobaproa, esto trae, entre otras consecuencias, que la banca nacional niegue y les haya negado desde entonces apoyo financiero, dando la razón, aquí,  a lo dicho por el presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador de que hay instituciones que: ¿para qué están? En este caso como la CONDUSEF Y LA CNBV a fin de asegurarse de que la información que reciban de sus usuarios con posterioridad a tales plazos, no esté relacionada con aquella que debió haber sido eliminada; Cambiar el estatus de calificación son muchísimos y burocráticos 6 años. También se evitaría la proliferación de fraudes que se comenten ofreciendo servicios para borrar el historial del Buró de Crédito.

Dificultan o impiden que estas actividades se realicen en un marco de libertad y seguridad que propicie realmente el crecimiento económico del país. Un esquema basado en el cumplimiento ciudadano a través de la confianza otorga un valor preponderante al actuar de los sujetos a fiscalizar por parte del gobierno; así, el impulso a la actividad económica del país recibe un nuevo aliento desde la perspectiva de la participación y el cumplimiento de quienes directamente sufren perjuicio por las políticas económicas institucionales del pasado.

Sumarse a esta ARMONIZACION también podría; el programa para la Segunda Oportunidad; propuesto por el Senador Antonio Martín del Campo y que contempla medidas para exonerar deudas a particulares y pequeñas y medianas empresas y podría adicionarse esquema pactado tipo Adeudo Anterior para la continuidad financiera.

A pesar de que las micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) generan siete de cada 10 empleos y aportan alrededor del 50 por ciento al Producto Interno Bruto, enfrentan una serie de obstáculos que les impiden su acceso al crédito, crecimiento y desarrollo continuo, facilitar el crédito para micros, pequeños y medianos empresarios que, por alguna razón no dolosa, no han podido cumplir con el saldo adeudado, lo que les provoca un mal historial y les impide financiar sus proyectos e invertir en tecnología para sus negocios. De esta manera,  se fomentaría la inversión y el crecimiento de un sector fundamental para el sistema económico de México que emplea a gran cantidad de personas y genera buena parte de los ingresos nacionales.

La principal razón por la que no se otorgan préstamos es porque no cuentan con garantía o aval y representan un riesgo para las instituciones bancarias. Además, se les niegan nuevos cuando ya tienen créditos contratados o se han retrasado en sus pagos. El acceso al crédito no debe ser un obstáculo para la innovación y fortalecimiento de las micros, pequeñas y medianas empresas, sino el instrumento ideal para que éstas obtengan un nivel de competitividad aceptable y puedan introducir bienes y servicios al ciclo económico, además de generar mejores condiciones para la distribución de la riqueza. La iniciativa, reforma las leyes para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de Instituciones de Crédito, para Regular las Sociedades de Información Crediticia y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,

Las condiciones económicas del país continúan sin ser suficientes para garantizar el desarrollo económico para la mayor parte de los mexicanos y un nivel de vida acorde para todos aquellos que viven en condiciones de vulnerabilidad. La estabilidad actual se debe, en gran medida, a la iniciativa y perseverancia de las ciudadanas y ciudadanos, quienes contribuyen cada día al crecimiento de la economía nacional,

Por ello, ante la oportunidad histórica que tiene la nueva Administración Pública Federal para transformar al país, basado en tenerle confianza al ciudadano, en lugar de tratarlo como a un delincuente. Es decir, pasar de la fiscalización al principio de la buena fe. El gobierno actual si debería reconocer a quienes con tenacidad y empeño invierten, generan empleos, obtienen  ganancias lícitas y se comprometen con el desarrollo de México. En ese sentido, la implementación de beneficios para actividades comerciales e industriales, generadoras de empleo y bienestar social. Debido a la desconfianza ciudadana en las instituciones bancarias y de gobierno, corresponde llevar a cabo acciones encaminadas a recuperar la confianza perdida.

Es la hora de recobrar el capital social perdido durante décadas, éste sería un paso importante en el camino de recomposición de la vida política y económica nacional planteado con responsabilidad y objetividad.  Países como Colombia y España ya lo han llevado a cabo.

De ARMONIZARSE estas iniciativas con la Ley de Fomento a la Confianza  se lograría dar  mayor dinamismo a la economía, pues al contar con empresas con mayor solidez financiera, impactará en mayores niveles de productividad y un abaratamiento en la oferta de sus productos.

CDMX a 12 de noviembre 2019

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