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TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD

Por Clara Luz Álvarez*

La Polémica Neutralidad de la red en México

No había manera de salir bien librado, ni mucho menos de quedar bien con las partes interesadas en el tema de la neutralidad de la red. Es como tener una cobija para cama individual y tratar de que cubra una king size. Así que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) habrá actuado bien, regular o mal, según de dónde se mire, aunque muy probablemente quienes están más tranquilas son las empresas porque los lineamientos de neutralidad de la red del IFT adoptaron una visión que reconoce en general los actuales modelos de negocio.

¿Qué es? No hay una definición única de neutralidad de la red y existe enorme polémica de qué es, qué comprende y cómo deben las autoridades protegerla. Para simplificar, la neutralidad de la red busca que los proveedores de servicios de internet (PSI) (p. ej. Telmex, izzi) permitan que los usuarios puedan libremente acceder a internet, utilizar sus servicios, aplicaciones y contenidos (p. ej. Telegram, Waze, Netflix, reforma.com), sin que los PSI interfieran. Suena fácil, pero no lo es. Igual que gozamos de libre tránsito que nos permite circular por la ciudad sin que nos limiten, los agentes de tránsito por aglomeraciones es posible que desvíen el tráfico o que den prioridad a las ambulancias. Igual, los PSI deben gestionar el tráfico pero, so pretexto de esto, pueden violentarse derechos de los usuarios.

Lo positivo. Los lineamientos permiten que se dé acceso gratuito a información de los poderes públicos federales, estatales y municipales, sin importar si el usuario tiene o no un plan de celular vigente o disponibilidad de datos. También los usuarios podrán acceder gratis a aplicaciones de bancos, en las mismas condiciones. Para todo lo anterior, los PSI podrán o no cobrarle a los bancos y a los entes públicos, pero será gratuito para los usuarios.

Lo polémico. Las empresas de celular tienen paquetes que dan “gratis” acceso a Facebook, Whatsapp, Twitter y otras aplicaciones (p. ej. Uber), aunque en realidad estas empresas pueden estar pagando por el consumo de los datos. Los lineamientos del IFT permiten este tipo de esquemas conocidos como zero rating, siempre que sean públicas las ofertas de patrocinio de datos para que cualquiera pueda contratarlas. ¿Favorecen estos esquemas a las grandes plataformas? ¿Inhiben el surgimiento de nuevas opciones para los usuarios? ¿Puede una start-up disruptiva abrirse mercado si no cuenta con el poder económico para acceder en igualdad que las gigantes tecnológicas?

Si una empresa celular diera acceso a su aplicación “gratis” (p. ej. Telcel respecto de Claro Video), ¿pudiera estar dando un trato preferencial en cuanto al costo del uso de esos datos respecto de la oferta de datos patrocinados para terceros? ¿Cómo saber el costo que se imputa a empresas del mismo grupo corporativo para saber si hay un trato discriminatorio que afecta a la competencia?

Como usuarios de internet, ¿qué herramientas tenemos para saber si nuestros PSI están respetando las políticas de gestión de tráfico? ¿Cómo podemos saber si los PSI cumplen o no con la prohibición de inspeccionar profundamente contenidos de los paquetes de información que enviamos a través de internet? ¿Tendrá el IFT las herramientas para garantizar el cumplimiento a sus lineamientos?

Ciudadanía en la Seguridad. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México que preside Salvador Guerrero participa activamente en el nuevo modelo de seguridad pública junto con la Fiscalía General de Justicia que encabeza Ernestina Godoy y la Secretaría de Seguridad Ciudadana a cargo de Omar García Harfush. La información del Consejo confirma que los delitos de alto impacto se han reducido en 45.3% en CDMX respecto de 2019, destacando las operaciones en contra de generadores de violencia y la promoción de la denuncia ciudadana. Ayer ante la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, se premió a las y los policías, a quienes les reiteramos nuestro profundo agradecimiento.

claraluzalvarez@gmail.com

  • Es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y coordinadora del Especialista en Derecho de internet y Derecho de las Telecomunicaciones. Fue Comisionada de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL); es Licenciada en Derecho, Maestra en Derecho Comparado, Maestra en Ciencias Jurídicas y Doctora en Derecho.​​ Docente, conferencista e investigadora en Derecho de las Telecomunicaciones y Radiodifusión.

CDMX 07 Jul. 2021  – REFORMA-

 

 

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